En la mesa chica reunida en la Quinta de Olivos, a donde está por llegar el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, para sumar los números, se están terminando de definir los alcances y los plazos de la norma a publicarse en las próximas horas.
Las ideas van desde la suspensión por el tiempo que dure la cuarentena hasta el lanzamiento de un plan de pago en cuotas sin intereses para que los usuarios se pongan al día con las facturas.
En esa mesa en donde se está terminando de discutir el camino a seguir no sólo está presente el recuerdo de 2002 cuando se tomaron medidas similares en medio de la mayor crisis económica del país, sino también algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia más recientes en el tiempo en donde los magistrados establecen ideas en las que aparece que el acceso a los servicios básicos son “un derecho elemental”. Derecho que se vería potenciado en medio de un proceso de aislamiento como el que hoy se está llevando a cabo en la Argentina.
Esta medidas formaría parte del paquete que viene lanzando el Gobierno en donde hay un bono para jubilados y para las asignaciones por hijo y embarazo, una rebaja en las contribuciones patronales, líneas de créditos blandos por unos $350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, gastos de capital por $100.000 millones a obras de infraestructura, educación y turismo, y un plan de precios máximos, entre otros.
