El proyecto generó una enorme controversia y recibió la “firme oposición” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch.
El plan podrá aplicarse a todos los inmigrantes ilegales o solicitantes de asilo, sin excepción, más allá del pais que procedan.
