El Gobierno avanza con la idea de quitarles poder a las organizaciones sociales y disolverá más de 300 unidades de gestión que funcionaban como intermediarios del ya extinto plan Potenciar Trabajo.
Las unidades de gestión estaban a cargo de los movimientos sociales y de las organizaciones piqueteras, y su función era controlar que los beneficiarios de la ayuda estatal cumplieran con el trabajo requerido para poder cobrar el plan social.
Desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, denuncian que la gestión no solo fue ineficaz, sino que le costó al estado nacional alrededor de US$34 millones solo durante el 2023 ya que recibían financiamiento para realizar cursos o actividades comunitarias que la Casa Rosada entienden no tuvieron el resultado esperado.
