El Tribunal Oral Federal (TOC) de Corrientes, conformado por los jueces Eduardo Ariel Belforte, Fermín Amado Cereloni y Simón Pedro Bracco, dio marcha atrás con su decisión de fijar para el próximo mes de octubre el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña y resolvió que adelantará la fecha.
En el comienzo de la audiencia preliminar, los magistrados habían comunicado que el inicio del debate oral y público sería el miércoles 7 de octubre de este año. Sin embargo, la decisión del TOC generó una fuerte reacción del fiscal general de Corrientes, Carlos Adolfo Schaefer, quien adelantó que impugnaría la fecha y pediría que se adelante el comienzo del juicio.
A partir de la objeción y tras un cuarto intermedio de casi una hora, los jueces finalmente aceptaron las quejas y comunicaron que se fijará otra fecha. En ese sentido, el Tribunal dijo que va a consultar con los equipos técnicos para que el comienzo “sea lo más pronto posible”.
“El Tribunal ha escuchado todos los reclamos, fundamentalmente del Ministerio Público y de la querella, de las partes, y va a reconsiderar la fecha de inicio del debate, que la habíamos establecido para el día 7 de octubre del corriente año. Esta reorganización va a requerir la consulta con todos los equipos técnicos de los Tribunales al que pertenecen los jueces que integramos este tribunal, a los fines de adecuar una fecha lo más pronto posible y acercada en el tiempo”, comunicaron.
Al respecto, el presidente del Tribunal aclaró que para establecer la nueva fecha deberá coordinar con las agendas delo distintos jueces.
“Para eso tenemos que rebobinar una serie de audiencias de causas que están en trámite y causas complejas que están en trámite en cada uno de los tribunales. Así que lo que quiero aclarar también es que no van a ser audiencias continuadas de dos días a la semana, miércoles y jueves, como habíamos establecido, para facilitarle la presencia de los profesionales que no son de esta ciudad de Corrientes. Vamos a tener que hacer seguramente fechas intercaladas, precisamente por las distintas causas que tenemos en los tribunales”, adelantó.
Asimismo, los jueces habían decidido otorgar un plazo de 15 días para delimitar aún más la cantidad de prueba y testigos que presentarán en el debate oral. “En este sentido, el Tribunal, a los fines organizativos, va a otorgar un plazo de 15 días para adecuar toda esa prueba y depurar un poco los testigos y las pruebas ofrecidas. Ustedes saben que esta es una causa compleja, que tiene muchos cuerpos de expediente, hay muchas partes. En consecuencia, debemos llegar al debate con la claridad necesaria de qué es lo que se va a discutir”, dijo el magistrado.
Y agregó: “Las partes deberán asegurar la comparecencia de los testigos ofrecidos, más allá de la obligación jurisdiccional al respecto. También, se convoca a las partes a la realización de acuerdos probatorios fundamentales en temas no controvertidos, como actas, allanamientos y testigos de actuación”.
Al respecto del plazo, el Tribunal aclaró que dicho plazo no es una imposición sino una sugerencia para las partes. “Es un plazo ordenatorio. No hay perentoriedad en esto, pero sí una recomendación especial, porque el Tribunal tiene que dictar el auto de admisión de prueba. Entonces, precisamente por eso era que habíamos establecido estimativamente una fecha, que consideramos que las partes pueden depurar la prueba”, explicó el juez, quien además ratificó la obligatoriedad de que los testigos concurran de manera presencial al debate, salvo excepciones.
