El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) a fin de reducir la intervención estatal en la producción vitivinícola y simplificar los procedimientos burocráticos. Lo hizo mediante la resolución 37/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que el nuevo esquema apunta a “dejar atrás el régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo” para concentrarse en garantizar la “aptitud para consumo del vino”.
Menos control estatal y foco en el producto final
Con la resolución, el INV dejará de intervenir en etapas intermedias como la cosecha, la elaboración o el transporte del vino, y se limitará a controlar los productos embotellados. De este modo, el organismo solo verificará la calidad y autenticidad de los vinos listos para el consumo.
Los controles de trazabilidad, como certificaciones de origen o varietal, pasarán a ser optativos y quedarán a cargo de los productores o de entidades privadas. El cambio alcanza a todas las instancias de la cadena vitivinícola, desde viñedos y bodegas hasta fábricas de mosto, espumosos, fraccionamiento y exportadores.
