El proyecto de desregulación del mercado inmobiliario que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, podría abrir uno de los debates más importantes para el sector de las últimas décadas. La iniciativa, que el Gobierno prevé enviar al Congreso en los próximos días, propone cinco modificaciones centrales: eliminar la matrícula obligatoria y la exigencia de un título universitario para ejercer el corretaje; quitar a los colegios profesionales su rol regulador y sancionador; permitir que las inmobiliarias y corredores operen en cualquier jurisdicción del país; derogar las sanciones por ejercer sin matrícula y liberar la fijación de honorarios y aranceles.
Todos esos cambios parten de un mismo principio: considerar al corretaje inmobiliario como un servicio de intermediación comercial y no como una profesión regulada.
Si el Congreso aprueba la iniciativa, el nuevo marco alcanzará a corredores, inmobiliarias, desarrolladores, plataformas digitales, franquicias y también a quienes compran, venden o alquilan una propiedad.
La iniciativa todavía deberá atravesar el debate parlamentario (se presentaría en breve, antes del 10 de agosto, en principio) y podría sufrir modificaciones antes de una eventual aprobación. Sin embargo, el borrador ya comenzó a generar posiciones enfrentadas dentro del sector inmobiliario.
